Víctimas: los más vulnerables entre los vulnerables

El pasado 9 de abril alcalde Peñalosa prometió vivienda, empleo, educación y oportunidades a las más de 300.000 víctimas del conflicto armado que residen en Bogotá. Sin embargo, a casi un año y medio de su administración, la atención a víctimas no ha dado un giro de fondo en la ciudad y está haciendo meramente inercial, para el grueso de las entidades las víctimas no son una prioridad, son un tema marginal.

La realidad de las víctimas en Colombia y Bogotá

Las cifras de Acnur señalan a Colombia como el país que registró en 2015 el mayor número de desplazados internos con 6,9 millones de personas, seguida por Siria con 6,6 millones, e Irak, con 4,4 millones. Dos países con guerras declaradas que tienen menos víctimas de desplazamiento por ésta que nosotros.

El registro nacional de víctimas presenta cifras aún mayores: a noviembre del 2016 presentaba 8.268.758 millones de personas reconocidas. El 79.9% por desplazamiento forzado, el 11.2% por homicidio y el 3.7% por amenaza. Bogotá es la primera ciudad de Colombia que ha recibid víctimas del conflicto. Por la ciudad han pasado más de medio millón de víctimas pero hoy residen 358.711. Un tercio son menores de 18 años (34.9%), casi un quinto (19.3%) son jóvenes entre los 18 y los 26 y el resto son mayores de 26. Cuando se les preguntó cómo se reconocen el 63.16% dijo mestizos; el 10,88% afrocolombianos; y el 3.29% indígenas (el restante 22.6% no tiene información étnica). El 60% están en un cordón en el sur y suroccidente de la ciudad: Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar y Suba (ver mapa). De las víctimas ubicadas en Bogotá, 178.866 son mujeres, es decir, corresponden a 51.05% del total.

Elaboración propia. Fuente: PAD 2017.

¿Cuáles son los servicios que debe garantizar el distrito para las víctimas que llegan a Bogotá?

El distrito tiene como responsabilidad la atención humanitaria de la población víctima que llega a la ciudad de acuerdo con la ley de víctimas (14448 de 2011). Esa atención debe cumplir con los siguientes mínimos:

Artículo 47. Ley 1448 de 2011:
“Las víctimas (…) recibirán ayuda humanitaria de acuerdo a las necesidades que guarden relación con el hecho victimizante, con el objetivo de socorrer, asistir, proteger y atender sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas, y con enfoque diferencial, en el momento de la violación de los derechos o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento de la misma”.

Esas ayudas humanitarias son entregadas a través de los centros locales de atención a víctimas (o CLAV) que es el nuevo nombre de los centros dignificar de la anterior administración. Son siete en total, ubicados en: Lucero bajo, Rafael Uribe, Bosa, Patio Bonito, Sevillana, Chapinero y Suba.
En general los centros locales de atención a víctimas atienden alrededor de 200 personas al día, los lunes y las semanas antes de temporadas vacacionales son las más difíciles, ya que aumenta el flujo de personas que va a los centros. Las coordinadores de Patio Bonito, Rafael Uribe, Bosa y Sevillana nos indican que el 80% de las personas que llegan a los centros se dirigen a trámites de la Unidad nacional de atención a víctimas, mientras que el restante 20% restante viene directamente a la Alta Consejería para víctimas.

El distrito entrega bonos de alimentos (unidades de redención) por un valor de 212.000 pesos mensuales por persona. Se pueden entregar máximo cuatro de estos bonos por familia, para un total de 848.000 pesos, dependiendo de la valoración que se hace en el Centro Local de Atención a Víctimas. Asimismo, se dispone de un albergue como residencia transitoria y se entregan hasta 700.000 pesos al mes para arriendo, luego de una visita a la vivienda por parte del personal del centro. Estos son los montos máximos, de ahí para abajo la ayuda real depende de la valoración de vulnerabilidad que hace cada Centro Local de Atención a Víctimas. La ley (art. 63 de ley 1448) estipula que estas ayudas dejan de ser entregadas cuando el declarante recibe la decisión de inclusión o no, dentro del registro único de víctimas por parte de la unidad nacional. Este proceso, según nos informaron los coordinadores de los Centro Local de Atención a Víctimas, dura alrededor de tres meses, aunque hay casos de semanas y, también, de hasta un año. Luego de este período de transición, la responsabilidad de atender las necesidades de las víctimas, así como su reparación en los casos que se determine, recae en el orden nacional.

¿Cuál es la realidad de las promesas que el alcalde Peñalosa hizo a las víctimas?

Al visitar los centros de atención, sin embargo, recogimos las preocupaciones de quienes trabajan en terreno. La coordinadora de Rafael Uribe nos contó, cuando discutimos la transición entre la ayuda humanitaria del distrito y las acciones de la Unidad para las Víctimas:
“[…] ¿qué hay que mejorar? que tengamos una institucionalidad más fuerte que permita que esas tres medidas no queden cortas sino que haya una estabilización socioeconómica real, que los podamos ayudar a levantar, porque el hecho de que queden incluidos en la unidad no quiere decir que se les arregló la vida, al contrario, se les dañó porque eso duran un montón de tiempo esperando que les entreguen, no sé, 200.000 pesos, 300.000 pesos o los casos […] de 40.000 pesos, yo tenía aquí un señor que hicimos vaca para que se fuera para el Tolima, 8 años incluido, psiquiátrico, que hicimos todo el tema de salud, porque no le estaban dando los medicamentos. Pero tampoco la alta consejería lo podía atender en entregarle ayuda, porque nosotros igual atendemos a todo el mundo, aquí tenemos personas incluidas que necesita tal cosa miramos con salud, con educación, con ICBF, con unidad, en eso somos muy fuertes, reactivamos las rutas muy rápido. Pero si necesitamos que la institucionalidad nos apoye, sobre todo en trabajo, darle trabajo a las personas.”

Esta suspensión de las ayudas y desarticulación entre el distrito y la nación van en contra de los pronunciamientos de la corte en la sentencia T-702 de 2012: “la entrega de la ayuda humanitaria a la población desplazada no puede suspenderse por parte de la entidad competente hasta tanto (i) las condiciones que dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales de la víctima del desplazamiento forzado desaparezcan, (ii) se haya superado la situación de urgencia extraordinaria y la situación de vulnerabilidad, (iii) y se haya hecho el tránsito y consolidado la estabilización socioeconómica de la población desplazada, de tal manera que se encuentre garantizado el autosostenimiento de esta población” (Sentencia T – 702 de 2012).

“Necesitamos que la institucionalidad nos apoye, sobre todo […] en darle trabajo a las personas”

Además de las ayudas, al distrito le compete la estabilización socioeconómica de las víctimas. La alta consejera, en una entrevista de finales de junio del 2016 con la exdirectora de Canal Capital, Claudia Palacios, afirmó lo siguiente:

La alta consejera dice que las víctimas están listas, pero eso no es cierto. Buena parte de la escasa oferta que tiene el distrito para cumplir con las promesas que hicieron a las víctimas en materia de empleo, vivienda y educación no están diseñadas en función de las necesidades particulares de esta población. El 50% no tiene bachillerato, y tiene apenas 3 grados de escolarización frente a los 9 en promedio de los bogotanos. La gestora de estabilización económica de Patio Bonito nos cuenta con mayor detalle:

“La dificultad que hay es que las personas no tienen estudios bachilleres, la mayoría tiene quinto e incluso la mayoría ni siquiera tiene primaria. Esa ha sido una gran dificultad porque la vez pasada tuvimos una feria en la plaza de artesanos como en febrero, y ahí fue muy difícil porque pedían bachilleres. […] y el tema de la edad, esa es la otra, la mayoría de empresas nos piden 45 para mujeres máximo y cincuenta para hombres. Entonces tenemos una población adulta que tiene unas condiciones complicadas porque además se cortaron los proyectos productivos que manejábamos nosotros.”

Como puede verse, las víctimas enfrentan unos obstáculos inmensos a la hora de intentar conseguir un empleo en Bogotá, situación que se ha sentido en los centros de atención, donde los funcionarios nos expresan su preocupación por esta situación, ya crítica, y el futuro que se viene. En palabras de la gestora de estabilización de Sevillana:

“Se están construyendo alianzas, es un poco difícil porque las empresas se están volcando a otro tipo de acciones, más de acompañamiento con desmovilizados y temas de posconflicto donde las víctimas ya no son protagonistas, sino están ahí en la espera.”

Estas alianzas existen, pero son pocas y limitadas. En educación hay pocos programas. La fundación Coretza San Agustín tiene un programa de formación en auxiliar administrativo y call center que los diploma en noveno grado y un técnico. Han atendido a 400 personas. El Sena también oferta, pero nos dijeron en Patio Bonito, que la mayoría de sus programas exigen bachillerato. Recientemente se vincularon 150 víctimas a la Corporación Unificada Nacional de educación superior para formación técnica, pero el proceso de convocatoria duró alrededor de un año.
En materia de empleo cabe resaltar que la consejería hizo una feria de empleo a la que asistieron, según nos dijo la gestora de estabilización económica de Sevillana, 385 personas incluidas en el registro único de víctimas. Al evento, además, asistieron varias empresas como Compensar, Olímpica, Crepes & Waffles, entre otros. Muchas víctimas comenzaron su proceso de vinculación con estas empresas, pero sólo hasta finales de abril se podrá saber cuántas efectivamente tienen empleo gracias a esta estrategia. Son avances en la dirección correcta, pero llegan ocho meses luego de las declaraciones de la alta consejera en canal capital y casi un año y medio desde que la administración asumiera las riendas de la ciudad.

“Se cortaron los proyectos productivos”

En oferta de emprendimiento para población víctima el distrito se rajó. La secretaría de desarrollo económico es un cascarón vacío que presenta programas generales que no benefician a las víctimas en concreto. La gestora de Patio Bonito nos cuenta:

“Entonces, alcaldía de Bogotá y esta administración dijo que no van a haber proyectos productivos porque solamente el 0.03% está funcionando. […] La única línea que tenemos por el momento y que estamos iniciando a la gente para el fondo Emprender con el SENA […], es un tema delicado, no todo el mundo puede aplicar porque tiene que hacer su plan de negocio, nadie se lo va a ayudar a hacer y ellos tienen que cumplir con lo que dice ahí para que les den la ayuda del fondo emprender y si no cumplen con eso […] usted tiene que devolver todos los insumos. Y si no queda endeudado porque son recursos del estado. Entonces no se puede enviar a todo el mundo allá.”

Sólo el 0.03% está funcionando. El año pasado, durante el debate del presupuesto, señalé como los resultados del sector de desarrollo económico no tenían presentación: atendieron a 36 víctimas en total durante el año con sus programas de inserción laboral y emprendimiento. En el informe que mandaron el pasado 5 de abril al concejo el IPES presenta metas ínfimas. Por ejemplo, se plantearon una meta de 5 personas víctimas en su programa “formación e inserción laboral” y reportan 9 personas atendidas, con un cumplimiento del 180%. En el programa “Generación de alternativas comerciales transitorias” incluyeron una meta de 11 personas atenidas en el 2016. Reportan 23 personas, con un cumplimiento del 354%. ¿Se plantean metas irrisorias para luego presentarlas como grandes logros? Y luego se preguntan por qué la ciudad está embejucada con el alcalde Peñalosa.

Hábitat se fue de los centros y somete a víctimas a peregrinaje institucional

En ninguno de los centros hay un representante de la secretaría para atender los temas de vivienda y, en cambio, las víctimas son remitidas al ministerio de vivienda y la secretaría. Esto es una excesiva centralización de los trámites que va en contra de la sentencia C-438 del 2013 de la corte constitucional.

La Corte identificó fallas del estado en la prestación de la ayuda humanitaria, una de ellas cita los siguiente; “excesiva centralización para el trámite de las solicitudes y para la entrega de la ayuda humanitaria que somete a la población desplazada a un complejo “peregrinaje institucional” (Sentencia C – 438 de 2013). Además, en la (Sentencia T – 702 de 2012), afirmó: “(…) la Corte ha reprochado la vulneración de los derechos de las víctimas asociados a la subsistencia mínima, objetando las malas prácticas, la desatención, la omisión o la negligencia por parte de las autoridades responsables de carácter local, regional o nacional, o la falta de acompañamiento de estas autoridades a las víctimas, así como también la ausencia de aplicación de los principios constitucionales de colaboración, subsidiaridad o complementariedad entre las diferentes autoridades responsables de los diferentes órdenes para cumplir con sus deberes constitucionales y legales frente a la garantía de los derechos de las víctimas, evidenciando por tanto que la vulneración del derecho a la subsistencia mínima como consecuencia de tales problemas es grave y dramática”.

La ausencia de hábitat de los centros de atención sólo refleja la escasa prioridad que las víctimas tienen para el sector. Sus programas de financiación de vivienda para la población víctima parten de una visión de banco que se contradice a la realidad de las víctimas. Estas no pueden cumplir con las condiciones financieras que la secretaría exige para acceder a la vivienda. El programa “Mi Casa Ya” (VIS) pide 1.475.343 pesos de ingresos cuando, según el observatorio público de empleo (2015), sólo el 13,1% de las víctimas se encuentran trabajando y el 80% son inactivas laboralmente. El programa “Mi Casa Ya” (VIP-VIS) pide créditos hipotecarios aprobados a víctimas, ¿quién tiene un crédito hipotecario aprobado? Sólo el 2.6% de los colombianos posee uno, según Fedesarrollo. Adicionalmente, estos programas de vivienda de la secretaría de hábitat no están dirigidos de manera especial o exclusiva a las víctimas. Esto fue lo que respondieron a mis preguntas en marzo 28 de 2017:

Respuestas Secretaría de Hábitat, marzo 2017

Ya lo he reiterado en otros espacios: para las víctimas sólo es posible, en términos realistas, la vivienda gratuita. La administración no ha siquiera estudiado la posibilidad de implantar un programa de vivienda gratuita como el nacional. Por el contrario, la secretaría de hábitat planteó un programa de vivienda irreal al que las víctimas no podrán acceder y sólo se plantean, como meta, el acompañamiento de 4000 familias al cierre financiero de sus viviendas.

Hablan de 1.6 billones para el post conflicto, pero solo 190.000 millones de pesos se orientan a metas concretas para atención a víctimas
A finales de 2016 fue publicado el plan de acción distrital 2017 (2016 – 2020), para la atención de víctimas del conflicto armado que residen en la ciudad, en el cual se establecen lineamientos de atención y los presupuestos que cada una de las entidades debe orientar para la atención de esta población. En este plan se anunció la inversión de 1.6 billones de pesos para la atención de ésta población.

Sin embargo, al revisar el plan distrital de inversiones de ésta administración y las fichas EBI de cada una de los proyectos a cargo de las entidades señaladas, encontramos que en total, la inversión de proyectos específicos para víctimas del conflicto armado es de $190.989 millones.

Por otro lado, la administración incluye a las víctimas en programas que no están enfocados a esta población, sino que atienden otras situaciones de vulnerabilidad, por lo que no queda claro a cuántas víctimas o cuánta plata hay para ayudarle a esta población en realidad. Tantos las metas como el presupuesto para víctimas se diluye en programas que suman alrededor $407.000 millones de pesos.

Pueden ver el debate completo en el siguiente vídeo:

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